Preguntas frecuentes

Cuando un acto de una autoridad administrativa (una multa, una clausura, la negativa de una licencia o cualquier otra resolución) afecta sus derechos o intereses y considera que carece de sustento legal, no está debidamente fundado y motivado o no se respetó el procedimiento. La impugnación debe presentarse dentro de plazos breves, que corren a partir de la notificación, por lo que conviene revisarlo cuanto antes.

Solicite y conserve el acta o la orden de clausura y revise qué autoridad la emitió y por qué motivo. No retire ni altere los sellos: hacerlo puede generar sanciones adicionales. Con esos documentos podemos valorar si conviene regularizar la situación, impugnar el acto o solicitar, cuando proceda, la suspensión mientras se resuelve.

Por regla general, no es requisito pagar para impugnar. Sin embargo, para suspender el cobro mientras se resuelve el medio de defensa puede exigirse garantizar el monto, según la autoridad y la vía. Pagar sin revisar el caso puede limitar algunas opciones, por lo que es recomendable obtener una evaluación primero.

El recurso administrativo se presenta ante la propia autoridad o ante su superior para que revise el acto. El juicio de nulidad se promueve ante un tribunal de justicia administrativa, independiente de la autoridad que emitió el acto. En muchos casos el recurso es optativo; la elección depende de la estrategia y de los plazos de cada vía.

Es el derecho de las personas a ser indemnizadas cuando la actividad administrativa irregular del Estado les causa un daño en sus bienes o derechos, conforme al artículo 109 de la Constitución y a las leyes aplicables. La reclamación tiene requisitos y plazos de prescripción específicos.

Atendemos asuntos frente a autoridades administrativas municipales, estatales y federales. En la evaluación inicial identificamos la autoridad competente y la vía adecuada para su caso.

El silencio de la autoridad puede tener efectos jurídicos. Según la ley aplicable, la falta de respuesta dentro del plazo legal puede considerarse una negativa ficta, que puede impugnarse, o, en algunos casos, una afirmativa ficta. Conviene revisar la materia de su solicitud y los plazos para definir la estrategia.

Primero conviene revisar el contrato, documentar el incumplimiento y, en su caso, requerir formalmente a la otra parte. Si no cumple, la ley permite por regla general demandar el cumplimiento forzoso o la rescisión del contrato, en ambos casos con el pago de daños y perjuicios. La vía y los plazos dependen del tipo de contrato y de las pruebas disponibles.

Reúna el contrato de arrendamiento y los comprobantes de pagos y adeudos. La vía judicial permite reclamar las rentas vencidas y, según el caso, la terminación o rescisión del contrato y la desocupación del inmueble. No cambie cerraduras ni retire pertenencias por su cuenta: la ley prohíbe hacerse justicia por propia mano.

Cuando el adeudo es de naturaleza civil (por ejemplo, rentas, honorarios profesionales o un contrato civil incumplido), puede comenzarse con un requerimiento formal y una propuesta de convenio; si no hay respuesta, puede promoverse el juicio civil. En la evaluación le indicaremos si su adeudo corresponde a la materia civil. Conviene actuar con oportunidad, porque los derechos de cobro prescriben con el tiempo.

La prescripción opera de dos formas: permite adquirir un bien por poseerlo durante el tiempo y con los requisitos que fija la ley (prescripción adquisitiva o usucapión), y extingue el derecho a exigir una obligación cuando no se reclama oportunamente (prescripción extintiva). Conocer los plazos aplicables a su caso es fundamental.

La ley prevé vías para reclamarlo. Según su situación, puede ejercer una acción reivindicatoria, si acredita la propiedad, o una acción posesoria, si fue privado de la posesión. Reúna escrituras, recibos de predial y cualquier prueba de la ocupación, y evite actuar por propia mano.

El daño es la pérdida o el menoscabo sufrido en el patrimonio; el perjuicio es la privación de una ganancia lícita que debió obtenerse. Ambos pueden reclamarse cuando derivan de un incumplimiento o de un hecho ilícito, siempre que se acrediten con pruebas.

La Ley Agraria prevé principalmente dos vías. La primera es la sucesión, conforme a la lista de sucesores que el ejidatario haya depositado en el Registro Agrario Nacional o formalizado ante fedatario público y, a falta de ella, conforme al orden de preferencia que establece la ley. La segunda es la enajenación a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo, con formalidades como el derecho del tanto de los familiares y el aviso al comisariado ejidal. En ambos casos, el acto debe inscribirse en el Registro Agrario Nacional, que expide el certificado correspondiente; sin inscripción no surte efectos frente a terceros.

A falta de lista, la Ley Agraria establece este orden: el cónyuge; la concubina o concubinario; una de las hijas o uno de los hijos; uno de los ascendientes, y cualquier otra persona que dependiera económicamente del ejidatario. Los derechos se adjudican a una sola persona: si en los tres últimos supuestos hay varias con derecho, tienen tres meses desde el fallecimiento para acordar quién los conservará; si no hay acuerdo, el tribunal agrario ordena su venta en subasta pública y reparte el producto por partes iguales.

Es el documento que expide el Registro Agrario Nacional para acreditar los derechos de un ejidatario sobre una parcela determinada. Es la base para demostrar su derecho, transmitirlo y defenderlo; por eso conviene que sus datos estén correctos y actualizados.

Sí. Los acuerdos de asamblea pueden impugnarse ante el tribunal agrario cuando no se cumplieron las formalidades legales (convocatoria, quórum, actas) o cuando afectan indebidamente los derechos de ejidatarios o comuneros. La impugnación debe presentarse dentro de los plazos que fija la ley.

Reúna su certificado, planos y pruebas de la posesión, como fotografías o testimonios. Puede buscarse primero una solución conciliatoria con apoyo de la Procuraduría Agraria y, si no prospera, promover un juicio ante el tribunal agrario para delimitar la parcela o restituir la posesión. Evite actuar por propia mano.

Sí. Asesoramos tanto a ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados como a los propios núcleos agrarios y a sus órganos de representación.